“No te puedo oír”, dijeron los 52 senadores de EEUU que votaron en contra de dar vigor al Acta Sueño el mes pasado, como cubriéndose los oídos y dando la espalda a los 300,000 estudiantes indocumentados que no exigen, sino piden se les dé oportunidad de ir al colegio que escojan o unirse al ejército, se les acrediten sus esfuerzos académicos o contribuciones militares y poder trabajar legalmente para beneficiar a este país. El ‘acta que podría y debía’ autorizarse fue presentada al Senado por el Sen. de Illinois Richard Durbin en 2002, en respuesta a preocupaciones de sus representados.

El Acta Desarrollo, Alivio y Educación (DREAM) para Menores Extranjeros ha sobrevivido escrutinio, rechazo absurdo, crítica acre, pero de alguna forma siguió como prioridad máxima en la agenda política del Sen. Durbin por cinco años. ¿No quieren nuestros legisladores hallar solución a la creciente brecha de logro, tasas de deserción y elevados incidentes criminales en nuestro país? Esta iniciativa podría potencialmente crear una ruta a la ciudadanía a graduados de secundaria y estudiantes que aspiran a ser miembros productivos de la sociedad.

El Instituto de Política Migratoria calcula que el Acta Sueño permitiría a más de 700,000 inmigrantes indocumentados en edad 5 a 17 que ya están en el país ser elegibles a ganar estatus legal si el acta entrara en vigor. Por ahora, esos estudiantes sólo pueden soñar, desesperarse y explorar sus limitadas opciones, tales como trabajar como mucamas o meseros en vez de maestras e ingenieros. La duda de nuestros legisladores se traduce en desatino a inmigrantes indocumentados.

Mientras estudiantes indocumentados esperan sin tregua que acabe la pesadilla, sus padres trabajadores temen chequear su buzón cada mañana. Se espera que ocho millones de personas reciban cartas pidiéndoles los nueve dígitos dados a ciudadanos de EEUU al nacer e ...